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Tema: Menores  Tema: Menores
Publicada por  Anónimo (09/09/2016)

Tengo certeza absoluta,incluso hay fotos,de que hay menores(14/15 años) que entran en salas de juego y realizan apuestas en las máquinas de varias salas del sur de la isla,mientras los responsables de las mismas hacen la vista gorda.Uno de estos jóvenes tiene un problema muy grave con el juego.
Al ponerlo en conocimiento tanto de Policia Nacional como Local,informan de que se debe pedir las hojas del reclamaciones en los diferentes locales y presentarlo en la OMIC.
Por favor,esto no me parece serio,estamos hablando de menores,y es necesaria una intervención urgente.
¿me pueden ayudar,por favor?
¿dónde he de dirigirme?Aparte de querer denunciar a estos locales,¿dónde pueden ayudar a este niño a salir de su problema?
Muchas gracias.
Estimado señor:
Un enfoque de intervención distinto, al que a usted le han planteado, implicaría la actuación del Gobierno de Canarias, a través de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, cuya fundamentación legal y posibles consecuencias se exponen a continuación.
La Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, explicita, en su artículo 3, que “Queda prohibido a los menores de edad e incapaces el uso de las máquinas recreativas con premio y de las de azar, así como la participación en apuestas y juegos de los regulados en esta ley.
Asimismo, por la empresa titular de la autorización para la explotación y gestión del juego o apuesta correspondiente, se impedirá el acceso a los establecimientos en los que se practique el juego o la apuesta autorizados a las personas señaladas en el párrafo anterior.”
El uso de máquinas recreativas supone la comisión de un ilícito, en aplicación del artículo 30.i) de la referida Ley, que establece como infracción muy grave “El permitir la práctica de juegos a aquellos que así lo tienen prohibido en virtud de lo dispuesto en esta ley.”
Por otro lado, el no cumplimiento de la prohibición de acceso a establecimientos de juego, se cataloga como infracción grave, según dispone el apartado a) del artículo 31, al señalar como tal “El permitir el acceso a los establecimientos de juego autorizados a personas que lo tengan prohibido en virtud de la presente ley y de los reglamentos que la desarrollen.”
El artículo 33 contempla las multas con que serán sancionadas las infracciones graves (desde 1.501 hasta 10.000 euros) y muy graves (desde 10.001 hasta 450.000 euros).

Además, el artículo 39.1 de la Ley permite la toma de determinadas medidas de protección, al indicar que “En los supuestos de presuntas infracciones graves o muy graves, el órgano competente podrá ordenar con carácter cautelar el precinto del material afectado o prohibir la práctica del juego en los establecimientos donde se haya cometido la infracción, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.”

El apartado segundo añade “En los casos de presuntas faltas muy graves, los funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego, al levantar acta por dichas infracciones, podrán adoptar las medidas cautelares necesarias para impedir que aquéllas se sigan cometiendo en perjuicio de los intereses públicos y descrédito de la norma sancionadora…”

También se pronuncia la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en su artículo 31, sobre las actividades prohibidas a niños, niñas y jóvenes, en los siguientes términos:
“Los menores no podrán realizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, aun cuando conste el consentimiento de los padres, tutores o guardadores, las actividades siguientes:
c) Utilizar máquinas de juego con premios en metálico.”

Además, el artículo 33 de esta Ley prohíbe “la entrada de menores en los establecimientos o locales siguientes:

b) Bingos, casinos, locales de juegos de suerte, envite o azar, y aquellos en que se utilicen máquinas de juego con premios en metálico.”

El permitir la entrada de menores en los establecimientos referidos constituye, según el artículo 106.16 de la citada norma, una infracción grave, que pudiera ser considerada muy grave, si de la misma “…se derivara un daño o perjuicio para los derechos de los menores de difícil o imposible reparación” (artículo 107.2 de la Ley 1/1997). La cuantía de la sanción económica se recoge en el artículo 111.

No está de más, en referencia al caso que nos ocupa, citar dos disposiciones más:

+ La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en su artículo 13.1, establece que “Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.”

La citada Ley Orgánica, en su artículo 14, dispone que “Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.”

+ La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores que, en su artículo 17.3, señala que “Las autoridades, funcionarios y personas que, por sus responsabilidades públicas o profesionales, tengan conocimiento de situaciones de riesgo o desamparo de los menores tienen la obligación de comunicar su existencia a las Administraciones Públicas Canarias, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precisen y del deber de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales competentes.”

Por último se le informa de que puede usted presentar una queja ante esta Defensoría, para realizar un estudio específico del asunto que plantea, que no suspendería la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpiría los plazos legales para recurrir contra ellas. Deberá hacerse en escrito razonado, firmado por el promotor o su representante legal, con indicación de sus datos personales y domicilio, adjuntando toda la documentación que estime relacionada.
Las actuaciones del Diputado del Común son gratuitas para el promotor y no será preceptiva la asistencia de Abogado ni de Procurador.
Reciba un cordial saludo.
Respondida el 14/09/2016